Con la firma del jefe de Gabinete y del ministro de Economía, la norma extiende el presupuesto 2024, que a su vez era una continuidad de 2023, el último aprobado por el Parlamento.
Actualidad16 de enero de 2025
Redacción
El Poder Ejecutivo prorrogó el Presupuesto Nacional 2024, que a su vez era una extensión de 2023, a través de la decisión administrativa 3 de la Jefatura de Gabinete, publicada hoy en el Boletín Oficial.
La decisión se hizo oficial a pesar de las críticas surgidas desde la oposición por no enviar el proyecto de Presupuesto al Congreso tal como marca la ley, cuestionamientos que incluyeron al
PRO, hasta ahora habitual aliado del oficialismo.
La norma legal determina los recursos y créditos presupuestarios vigentes, prorrogando la Ley 27.701, es decir el Presupuesto 2023, que fue el último debatido y aprobado por el
Congreso durante la administración del expresidente Alberto Fernández.
Según señala el texto legal, el objetivo es "asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional".
La decisión lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Según establece la norma, las diferentes jurisdicciones de la administración nacional "deberán remitir trimestralmente" a la Secretaría de Hacienda "la información correspondiente a la
evolución de sus plantas y contrataciones de personal de cualquier naturaleza".
Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.
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Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.
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Del Profe Aedes
La sesión exprés y el micrófono silenciado abrieron la puerta a una medida cautelar que pone en jaque la validez de la ordenanza. El reglamento, otra vez, quedó en segundo plano.
Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.