Sin apoyo de abogados y trabajadores, Poggi metió la reducción de la feria judicial
En una sesión cargada de tensión política y gritos desde las gradas, la Cámara de Diputados de San Luis aprobó la polémica ley que reduce la feria judicial. La votación terminó 27 a 0, sólo el bloque oficialista levantó la mano. Ningún diputado opositor acompañó el proyecto, que fue rechazado por todos los sectores vinculados al sistema judicial.
La medida, presentada como una reforma “modernizadora”, terminó convertida en otro gesto de poder del gobernador Claudio Poggi. Sin debate real, y con los tribunales, el Colegio de Abogados y los gremios en contra, el mandatario impuso su voluntad política sobre un tema que ni siquiera figura entre las urgencias sociales de los puntanos.
La sesión fue un retrato de la tensión institucional que atraviesa la provincia. Abogados que intentaron ingresar al recinto fueron bloqueados por el oficialismo, y parte del público fue desalojado tras los cruces verbales con diputados, fuerzas de seguridad y funcionario de La Punta que fueron a oficiar de patota.
Según los letrados, lejos de mejorar el funcionamiento judicial, la nueva ley limitará las licencias del personal y complicará la organización interna de los tribunales. “No resuelve la mora judicial, la agrava”, advirtieron. La decisión, más política que técnica, parece tener otro trasfondo, avanzar sobre un Poder Judicial que hasta ahora había mantenido cierta autonomía.
La reforma marca un precedente inédito en San Luis. Es la primera vez que el Ejecutivo y su mayoría legislativa intervienen de manera directa en las facultades internas del Poder Judicial. Una señal clara del nuevo estilo de gobierno con concentración, control y eliminación de cualquier obstáculo institucional.
Una batalla más en la estrategia del control total
Poggi ya no podrá culpar a la feria de la lentitud judicial. Su mirada, previsiblemente, se posará ahora sobre los jueces, en una movida que muchos interpretan como el paso previo para reacomodar nombres y posiciones. Detrás del discurso de “reforma”, se consolida una política que busca disciplinar cada espacio del Estado.