En el supuesto año de la educación, Poggi prevé bajar el presupuesto y revivir el polémico Plan PIE
Claudio Poggi volvió a su relato y prometió que la educación sería el eje de su gestión. El gesto buscó revestirse de gran anuncio, pero los números del presupuesto 2026 lo desmienten: el Ministerio de Educación dispondrá de $433.003 millones, es decir, $9.078 millones menos que en 2025. El recorte representa un 2,05%, suficiente para impactar directamente en salarios docentes, infraestructura y funcionamiento de los institutos.
El regreso del PIE
Mientras se ajusta en lo esencial, el gobierno desempolva un programa que ya mostró sus límites, el Plan de Inclusión Educativa (PIE). Según el presupuesto, más de 10 mil personas serán incorporadas bajo esa modalidad. Se trata de una política que, en su versión anterior, fue duramente cuestionada por su falta de resultados académicos y por utilizarse como herramienta política antes que de formación real.
En la práctica, la ecuación es clara, menos recursos para los docentes de carrera y los institutos de formación, más para un plan que permite engrosar estadísticas de inclusión sin mejorar la calidad educativa.
Lo formal se achica, lo “informal” se expande
El recorte también golpea a los IFDC y a las escuelas, que vienen padeciendo el ajuste salarial y presupuestario. En cambio, el gobierno impulsa con más fuerza estructuras paralelas como la Upro y la Universidad de La Punta (ULP). Esta última, pese a no tener alumnos reales ni aulas activas, recibe un presupuesto creciente y funciona en los hechos como un aparato administrativo, más vinculado a la propaganda oficial que a la educación universitaria.
Poggi habla de un año de la educación, pero con menos fondos y más improvisación. La paradoja no es nueva en la política puntana, pero sí resulta peligrosa cuando la estrategia prioriza la inclusión “estadística” por sobre la educación real.
El 2026 será proclamado como un año histórico para la enseñanza en San Luis. Pero con menos dinero para quienes sostienen el sistema y más recursos para programas de dudosa eficacia, la promesa corre el riesgo de convertirse en un simple eslogan de campaña disfrazado de política pública.