El gobierno empieza a desarticular el PANE y le pasa la responsabilidad a los padres
La reciente decisión del gobierno provincial de permitir que los padres decidan si sus hijos almuerzan o no en la escuela, dentro del Plan Alimentario Nutricional Escolar (PANE), no es claramente la previa a una retirada. Y como toda retirada, viene disfrazada, en este caso, de “opcionalidad”.
La situación llega tras una serie de intoxicaciones alimentarias en escuelas de San Luis, con denuncias, padres enojados y docentes en medio de los problemas. El tema es claro, el gobierno de Claudio Poggi ya no quiere hacerse cargo de los problemas y le pasa a los padres la responsabilidad de elegir si sus hijos se intoxican o pasan hambre.
La gran intervención de Eugenia Gallardo, funcionaria encargada del plan, tiene que ver con soltar la cuerda y que cada familia se arregle como pueda, en otras palabras lavarse las manos.
La gestión que duplicó la pobreza y la indigencia, en tan solo un año y medio, ahora pretende librar a los chicos a su propia suerte, luego de utilizarlos hasta el hartazgo para hacer campaña.
El PANE que supuestamente venía a combatir el hambre, solo sirvió para los negocios turbios de los funcionarios y la intervención política en las escuelas. Ahora hay muchos interrogantes, como por ejemplo quién se hará cargo si se producen nuevas intoxicaciones.
La administración Poggi quiere forzar a las familias a elegir entre el riesgo y el hambre. Y eso no es política pública, es abandono, una forma silenciosa de desarticular un programa sin asumir el costo político de cerrarlo.
Oficialmente el gobierno no dijo que lo baja, pero lo empezó a vaciar y le impone un servicio a demanda que tiene la intención de hacer agonizar el programa.
El gobierno, que prometía eficiencia y modernización, termina tropezando con lo más básico, dar de comer sin hacer daño. Es la consecuencia de gobernar desde el Excel y el marketing, sin comprender que detrás de cada decisión hay cuerpos reales, estómagos vacíos y derechos vulnerados.
El PANE nació con problemas, nunca hubo controles serios ni monitoreo de calidad. Lo sabían y no hicieron nada. Una vez más, el gobierno de Claudio Poggi responde a una crisis con más crisis. Y esta vez, el costo lo pagan los chicos.
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