El IPC provincial fue del 3,0 % y cerró 2025 con una suba del 32,1 %. Pero alimentos, servicios y la devaluación superaron ampliamente ese promedio. Mientras los sueldos crecieron 35–36 %, el poder de compra volvió a caer.
El descontrol de los precios, la parálisis económica, el congelamiento que hizo Poggi a los salarios y un futuro incierto, son el cóctel que detona en más pobreza e indigencia en la provincia.
El escándalo que sacude al gobierno de Poggi, funcionarios de alto rango imputados por el robo de maíz valuado en más de dos millones de dólares de un campo expropiado en el sur provincial
La ex jefa de despacho de la Secretaría de Ética declaró ante la Fiscalía el 20 de marzo. Redactó resoluciones por orden del secretario, perdió el trabajo después de declarar y asegura no tener nada que ver con lo que ocurrió en El Caburé.
El gobernador habló más de tres horas en la Legislatura y dedicó las primeras dos al Ministerio de Educación. No hubo anuncios sobre viviendas, trabajo, salud ni producción. Afuera, la Policía reprimió a trabajadores estatales de ATE que reclamaban salarios.
En la apertura de sesiones, Víctor Moriñigo se fotografió con Alejandro Cacace, el funcionario de Milei que conduce los recortes a las universidades públicas. En la UNSL, donde docentes y no docentes sostienen una pelea de meses, la imagen no pasó inadvertida.
Barclays, Citigroup y JP Morgan Chase expresan preocupaciones sobre la apreciación del peso y su efecto en la economía, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, minimiza el riesgo.
Al menos dos efectivos entraron al predio universitario el miércoles 1 de abril mientras se desarrollaba una clase pública en el marco del conflicto salarial. La Facultad de Ciencias Humanas denunció una violación de la autonomía universitaria y exigió explicaciones a las autoridades provinciales.
Legisladores del Bloque Justicialista cuestionaron el discurso de apertura de sesiones del gobernador Claudio Poggi. Lo acusaron de omitir los temas centrales de la agenda social y de confundir gestión con marketing político.
ATE San Luis presentó una denuncia penal contra el gobernador, la ministra de Seguridad y el jefe de Policía tras la represión del 1° de abril frente a la Legislatura Provincial durante la apertura de sesiones.