Están previstas para 30 de octubre. Las maniobras del oficialismo para sacar de escena a Laura Sánchez y colocar a Fernando Aguilera en el Concejo Deliberante.
Arancibia Rodríguez, el diputado por San Luis que forma parte del grupo de legisladores que trabajan para liberar genocidas
El legislador mantuvo reuniones en el penal de Ezeiza con Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Adolfo Donda, entre otros condenados por delitos de lesa humanidad.
Actualidad06 de agosto de 2024
Redacción
El diputado nacional Alberto Arancibia Rodríguez es uno de los legisladores libertarios señalados por mantener reuniones con genocidas en el penal de Ezeiza. El legislador por San Luis, asumió su banca en reemplazo de Claudio Poggi, es uno de los señalados por trabajar en un proyecto para pedir la prisión domiciliaria a represores como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Adolfo Donda, entre otros.
Desde el 14 de marzo, trece legisladores de LLA y seis abogados y juristas se reúnen en pos de lograr la liberación de los genocidas presos, según indicó un informe del sitio Data Clave.
Arancibia Rodríguez es miembro del partido Demócrata Liberal y aliado del gobernador Claudio Poggi. Tanto su hija, Agustina Arancibia Rodríguez y su yerno, Mauro Chiatti son legisladores del oficialismo en el Concejo Deliberante y la Cámara de Diputados, respectivamente.
La revelación del legislador no cayó bien en el seno del poggismo. Incluso se trabaja para despegarse del hecho. Desde hace un tiempo se sabe de su filiación al espacio que lidera Victoria Villarruel y la línea que siguen respecto a los genocidas.
Un hecho notorio fue el pasado 24 de marzo, cuando en el Legislativo Municipal de la capital, su hija y el bloque que responde a Hissa no acompañaron un proyecto que buscaba acompañar y promover las actividades por el Día de la Memoria.
La connivencia entre figuras responsables de genocidios y los actuales diputados tiene como fin un plan de acción que busca que los represores condenados por su actuación en la dictadura militar cumplan sus penas en sus domicilios. Una situación que ha hecho reaccionar a los organismos de derechos humanos en todo el país.
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