Lavalle
En los últimos días, los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, intensificaron sus reclamos ante la Casa Rosada por fondos para obras públicas, compensaciones fiscales y previsibilidad presupuestaria. Ambos mandatarios, integrantes del espacio Provincias Unidas, condicionan su apoyo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional al cumplimiento de compromisos concretos con sus provincias.
En contraste, San Luis no ha logrado instalar sus prioridades ni sentarse con peso político en la mesa de negociación. El gobernador Claudio Poggi acompaña las iniciativas del Ejecutivo nacional en el Congreso, pero no ha conseguido avances visibles en materia de obras, financiamiento o acuerdos específicos para el desarrollo provincial.
Fuentes políticas reconocen que el bajo perfil que mantiene la gestión puntana no ha sido recompensado con resultados concretos. A diferencia de otros mandatarios que defienden sus demandas con posicionamientos firmes, Poggi ha optado por una estrategia de alineamiento que, por ahora, no se traduce en beneficios tangibles para la provincia.
Tampoco hay anuncios de nuevas inversiones ni obras emblemáticas. La provincia atraviesa un proceso de ajuste con impacto en áreas clave como salud, empleo estatal y producción, sin que desde el Ejecutivo provincial se comuniquen planes estructurales a mediano plazo. La falta de horizonte estratégico se percibe incluso dentro del oficialismo.
En un contexto nacional donde cada provincia busca defender sus intereses frente a un Gobierno central con fuertes recortes, la postura de San Luis refleja una situación preocupante: acompaña sin recibir, espera sin reclamar, y transita sin dirección definida.
