La presidencia del Legislativo municipal pagó equipos de sonidos con valores mayores a lo que facturó el proveedor.
Actualidad21 de julio de 2024
Redacción
Recientemente, se ha destapado un nuevo escándalo en el Concejo Deliberante de San Luis, que involucra a la presidenta Agustina Arancibia Rodríguez y Daniel Piñeda, ex secretario administrativo y actual funcionario en el gabinete de Hissa. La controversia gira en torno a la adquisición de equipos de audio, revelando un patrón preocupante de mal manejo de fondos públicos y sobreprecios.
El 16 de febrero de 2024, se emitió una factura por un total de $1.354.255,62 para la compra de un mezclador analógico Yamaha, según se evidencia en los documentos proporcionados. Pero el 20/02, desde la intendencia se abonó $2.141.575,80, es decir casi 787 mil pesos más.
La incógnita radica en cuál es la razón por el que se pagó un sobreprecio solo a 4 días de la facturación. Esta situación plantea serias dudas sobre la transparencia y justificación de dicha adquisición, con el aval de la propia intendencia encabezada por Gastón Hissa.
Agustina Arancibia Rodríguez ha sido señalada como una de las principales responsables en la autorización de esta compra. Su implicación directa en la aprobación de gastos desproporcionados sin una justificación clara refleja una posible complicidad en el desvío de fondos.
Daniel Piñeda, quien se desempeñaba como Secretario Administrativo en el momento de la compra y actualmente ocupa un cargo en el gabinete de Hissa, es otro de los protagonistas de este escándalo. Su firma aparece en los documentos relacionados, validando transacciones sospechosas y elevando serias preocupaciones sobre su integridad y la de sus acciones como funcionario público.
Mientras el relato oficial que baja desde el Municipio habla de falta de fondos y austeridad (aunque se haya comprobado que hay recursos millonarios que nadie sabe dónde están), en el Concejo “se dieron el lujo” de pagar más por una consola de sonido.
En simultáneo, la deuda por no acatar una orden judicial que reincorpora trabajadores injustamente despedidos, ya se eleva a más de 18 millones de pesos. Otro capricho de Arancibia Rodríguez que pidió a la Justicia que sean los vecinos quienes afronten la onerosa suma. Otra acción que demuestra un desmanejo injustificado de los fondos públicos.
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