Redacción
En medio de un panorama político y social convulsionado por las medidas de ajuste y recorte de empleo, una figura ha destacado por su notable discrepancia en la aplicación de la justicia y la solidaridad. La concejal Micaela Medina, del bloque que responde al intendente Gastón Hissa, ha levantado críticas por su reciente repudio al ajuste en la Universidad, mientras permanece en un preocupante silencio respecto a los despidos y la persecución en la Municipalidad y el Concejo Deliberante.
El doble estándar de la edil perteneciente al radicalismo y docente de la UNSL, no pasa desapercibido en este momento de crisis. Mientras se erige como una defensora ferviente de la educación pública y los derechos laborales en el ámbito universitario, su omisión y falta de acción ante la situación de despidos masivos en su propio entorno político resulta desconcertante y cuestionable.
Es comprensible y, de hecho, loable, que un representante político exprese su solidaridad y defienda los derechos de los trabajadores y la educación pública. Sin embargo, esa solidaridad debe ser coherente y abarcar todas las instancias en las que se vean amenazados dichos derechos. No se puede condenar selectivamente el ajuste en un sector mientras se ignora o se tolera la precarización laboral en otro.
La falta de pronunciamiento de Medina ante la difícil situación de más de 300 trabajadores que han perdido sus empleos en la Municipalidad y el Concejo Deliberante es un claro ejemplo de esta incongruencia. El acompañamiento a los caprichos de Agustina Arancibia Rodríguez de no aceptar las medidas judiciales, también esconde una complicidad en las maniobras que han dejado sin sustento a varias familias.
Todo el bloque de Hissa también está al tanto de los 150 mil pesos diarios que le cuesta a la ciudad, las acciones de la presidenta del Legislativo.
