Redacción
Un incendio forestal de gran escala que se desató el 5 de enero en Puerto Patriada, en la provincia de Chubut, superó todos los pronósticos y cruzó la Ruta Nacional 40, motivando la restricción del tránsito y la evacuación de al menos 3.000 turistas y residentes en las zonas de Epuyén y El Hoyo.
El avance descontrolado de las llamas, impulsado por altas temperaturas y fuertes vientos, obligó a Vialidad Nacional a cortar varios tramos de la ruta para resguardar la seguridad vial. Aunque la circulación fue habilitada brevemente bajo condiciones extremas de visibilidad reducida por humo, las alertas persisten y la situación mantiene el tránsito en un estado de incertidumbre.
El gobierno de Chubut, encabezado por Ignacio Torres, reforzó los operativos con brigadistas provinciales y federales, y afirmó que existen indicios que apuntan a un origen intencional de los incendios, incluso ofreciendo una recompensa para dar con responsables. Este señalamiento, aun sin detenciones, introduce una dimensión político-penal al desastre que supera la clásica narrativa de “fenómeno climático”.
La crisis expone contradicciones en la gestión de emergencias: mientras las autoridades provinciales destacan la coordinación con Nación y el despliegue de recursos para combatir el fuego, vecinos y visitantes denunciaron falta de medidas preventivas y confusión en los protocolos de evacuación, sobre todo en sectores donde las llamas avanzaron con velocidad inesperada.
El impacto institucional ya trasciende la emergencia inmediata: la interrupción de uno de los ejes viales más importantes del país tensiona la percepción de seguridad en rutas clave del turismo veraniego y plantea preguntas sobre la preparación estatal ante catástrofes crecientes por sequía y altas temperaturas.
