
El Tribunal lo declaró culpable del delito de peculado en perjuicio de la administración pública por la sustracción de bienes desde Terrazas del Portezuelo, cuando era ministro de Seguridad
En lugar de resolver las fallas del plan alimentario, la flamante coordinadora prefirió meter política en las escuelas y simular gestión en comedores.
Actualidad23 de abril de 2025
Redacción
Este lunes se cumple un mes desde que Eugenia Gallardo asumió como secretaria del PANE. Un mes que, para el gobierno, parece haber sido eterno en excusas pero fugaz en soluciones. Para miles de niños y niñas, en cambio, fue más de lo mismo, viandas en mal estado, escándalos sin respuesta y un sospechoso silencio oficial.
El Programa de Asistencia Nutricional Escolar, que nació cuestionado y mutó en coordinación bajo el pretexto de “jerarquizar” su función, sigue haciendo agua. La única constante es su utilidad política, no alimentaria. De hecho, Gallardo usó estos 30 días para hacer exactamente lo contrario a lo que prometió, no mejoró la calidad de la comida, no transparentó los procesos, no asumió responsabilidades. Solo se dedicó a recorrer escuelas con funcionarios, a meter cámaras y discursos, y a posar junto a otros candidatos del oficialismo.
La coordinadora-candidata convirtió al PANE en una extensión de su campaña. Las fotos abundan, los anuncios también, pero los cambios brillan por su ausencia y todo queda en lo declarativo. Mientras tanto, siguen las denuncias de padres y alumnos.
Este martes, El Diario de la República difundió el reclamo de la Escuela Pública Digital Albert Einstein, viandas en mal estado, otra vez. Como si las intoxicaciones por salmonella del mes pasado no hubieran existido.

El “nuevo” PANE, con todo su supuesto lavado de cara institucional y sus recursos “frescos”, huele igual que antes o peor. Porque ahora, además de entregar comida en mal estado, lo hace con fines proselitistas.
Un mes después, lo único que cambió fue la cara visible. El menú, lamentablemente, sigue siendo el mismo, un plato lleno precariedad, irresponsabilidad y oportunismo electoral.

El Tribunal lo declaró culpable del delito de peculado en perjuicio de la administración pública por la sustracción de bienes desde Terrazas del Portezuelo, cuando era ministro de Seguridad

La desaparición de una cosecha de 2 mil hectáreas de maíz en el campo “El Caburé” ya no es solo una mancha administrativa. Nuevas pruebas apuntan al propio ministro del Superior Tribunal, Víctor Endeiza, y al gobernador Claudio Poggi, quien no podría alegar desconocimiento en un negocio de más de 2 millones de dólares.

Con presiones, maniobras y la sombra del Gobierno provincial detrás, la candidata oficialista logró mantener la conducción de la Liga Sanluiseña. La Secretaría de Deportes, clave en el operativo para asegurar el resultado.

El oficialismo de Laura Sánchez busca retener la conducción de la Liga con respaldo del gobierno provincial y denuncias de presiones a los clubes. Del otro lado, Rubén Rey, con apoyo de AFA, intenta poner fin a años de manejos turbios y desconfianza.

En lugar de explicar el destino de los granos valuados en más de 2 millones de dólares, el Gobierno provincial apuntó contra un exfuncionario de su propia estructura

Por segunda semana consecutiva, el Concejo Deliberante de San Luis suspende su sesión. Aunque la presidenta Laura Sánchez lo justificó por el “Día del Empleado del HCD”, el verdadero motivo es su participación en la elección de autoridades de la Liga Sanluiseña de Fútbol.

La inscripción masiva para el Centro de Monitoreo en Juana Koslay mostró el rostro más crudo del ajuste: cientos de puntanos peleando por unos pocos puestos. Ni el intendente ni el gobernador logran esconder la falta de trabajo real en la provincia.

El presidente del Senado y referente de La Libertad Avanza en San Luis, Bartolomé Abdala, acusó al gobernador Claudio Poggi de haber adelantado los comicios provinciales por temor y de bloquear el crecimiento de nuevos dirigentes dentro de su espacio.

El proyecto impulsado por el Gobierno provincial obtuvo media sanción en el Senado y generó un fuerte malestar entre los profesionales del derecho. La medida reabre el debate sobre el rol del Colegio de Abogados y la influencia política en la Justicia puntana.

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