Ayala llamó a sesiones extraordinarias para tomarse vacaciones y meter un nuevo tarifazo
El pedido del intendente de La Punta es para el próximo 23 de diciembre. Sorpresa en el mundo político por la tardanza en el envío de los proyectos.
Bienvenidos al resumen más operado del pseudo periodismo político. Los invitamos a un convite plagado de entredichos, rumores, versiones no chequeadas y posverdades manifiestas.
A LA ALTURA DE SUS CIRCUNSTANCIAS
Culminaron las sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de San Luis, y lo hicieron de la forma más predecible: con una estampida de los ediles oficialistas que, desesperados por no extender su jornada laboral, prácticamente huyeron de sus funciones. Mientras la oposición intentaba prorrogar el período legislativo para abordar proyectos arrumbados en el cajón por el oficialismo, los concejales de Gastón Hissa se encargaron de demostrar que la política, para ellos, es más una carga que un compromiso.
En este contexto, la presidenta del HCD, Agustina Arancibia Rodríguez, ofreció su ya clásica cuota de desconexión de la realidad. En declaraciones a la prensa, no dudó en autopremiarse, afirmando con asombrosa seguridad que había "estado a la altura" durante el año legislativo. Una afirmación que, más que describir su desempeño, lo caricaturiza: su presidencia fue un desfile de irregularidades, imposiciones y el vaciamiento del Concejo como espacio de debate democrático.
Catalogar a Arancibia Rodríguez como una de las peores presidentas del HCD no es un acto de exageración, sino un diagnóstico compartido por trabajadores del Concejo, concejales de todos los colores políticos e incluso actores de su propio espacio. Su ignoto liderazgo no solo fue incapaz de construir consensos, sino que se destacó por vulnerar acuerdos históricos y empujar al Concejo a la irrelevancia.
Sus logros, si es que así pueden llamarse, incluyen despidos arbitrarios de empleados que luego tuvo que reincorporar, adquisiciones con sobreprecios que levantaron sospechas, y contratos otorgados a personal que claramente desempeña funciones para el Municipio, no para el Legislativo. A esto se suma el pago de efectivos policiales al gobierno provincial y la presencia de un asesor letrado que cobra sin cumplir tareas reales.
El autoritarismo también fue un rasgo distintivo. Bajo su mando, el Concejo dejó de ser un espacio deliberativo para convertirse en una escribanía del intendente Hissa, donde cualquier intento de discusión era ahogado por insultos, agravios y la nula capacidad de diálogo con la oposición.
Si algo define la gestión de Arancibia Rodríguez es su falta de conducción política. No logró contener a los trabajadores ni construir consensos, y mucho menos acercarse a los vecinos, quienes vieron cómo las sesiones en los barrios —establecidas por ordenanza— se esfumaron en la inacción.
De no ser por los escándalos que marcaron su mandato, su presidencia habría sido, en el mejor de los casos, intrascendente. Pero su incapacidad para gestionar incluso las tareas más básicas terminó exponiendo su falta de preparación, dejando una estela de decisiones torpes y consecuencias que el Legislativo tardará en superar.
La huida de los ediles oficialistas al cierre del año no es solo una metáfora de la gestión de Arancibia Rodríguez; es su epílogo perfecto. Una presidencia que no estuvo a la altura de las circunstancias, pero si de su propia capacidad.
EL TABÚ DEL GOBIERNO
En un movimiento digno de una novela distópica, el gobierno de Claudio Poggi ha decidido que las oficinas gubernamentales conocidas como “Terrazas del Portezuelo” deben ser rebautizadas como “Casa de Gobierno”. Una decisión que no parece obedecer a cuestiones prácticas ni simbólicas, sino a un capricho con tintes freudianos promovido por el secretario de Comunicación, Diego Masci. El objetivo es claro: borrar cualquier vestigio del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, como si con un cambio de nombre pudieran modificar la memoria colectiva de los puntanos.
“Terrazas” es el nuevo enemigo en la cruzada de Poggi contra la “Puntanidad”, esa idea cultural que Rodríguez Saá promovió y que parece hacerle ruido a un gobernador nacido en Córdoba y rodeado por un gabinete con aires de microclima porteño. Es casi irónico: mientras Poggi intenta desmarcarse de su predecesor, cada acción refleja una relación de miedo y admiración que bordea lo patológico. ¿Volver a entregar escrituras ya otorgadas para borrar el nombre? Hecho. ¿Tirar libretas sanitarias porque llevaban la firma del Alberto? También. ¿Cambiar la denominación de un salón para evitar una palabra que lo atormenta? Por supuesto.
En los pasillos del gobierno, la orden de Comunicación es doble: nadie debe eclipsar al gobernador en redes sociales, y mucho menos mencionar al Alberto. Pero la paranoia se filtra en conversaciones privadas, donde algunos funcionarios bromean sobre el verdadero temor: que Rodríguez Saá vuelva y los “saque a patadas”. Una imagen que seguramente persigue a más de uno en el gabinete de Poggi, donde el silencio impuesto se traduce en una desconexión con las raíces culturales de San Luis.
Porque “Terrazas del Portezuelo” no es solo un nombre. Es un símbolo de una gestión que marcó a la provincia, con autopistas, hospitales y políticas que, más allá de las simpatías políticas, los puntanos asocian al Alberto. Pretender borrar eso con un decreto es no entender que la identidad de un lugar no se cambia como un cartel en la puerta de un edificio.
Mientras Poggi y los suyos intentan reescribir la historia, los puntanos siguen llamando las cosas por su nombre. Terrazas seguirá siendo Terrazas, la Puntanidad seguirá viva, y cada intento de negarlo solo refuerza la percepción de un gobernador desconectado de su tierra y obsesionado con un rival que, aunque ausente, sigue marcando el ritmo político de la provincia.
El problema no es solo la negación de un legado; es la confirmación de que Poggi, en su afán de ser recordado como algo más que el “anti-Alberto”, está logrando lo contrario: pasar a la historia como el gobernador que no pudo escapar de la sombra que tanto quiso borrar.
PONCIO VIDELA
Jorge Videla, intendente de Juana Koslay, tiene un talento especial: la impermeabilidad política. Como las plumas de un pato que repelen el agua, parece estar siempre seco, sin que ninguna responsabilidad logre mojarlo. Esta semana, mientras San Luis lidia con cortes de agua, apareció con su habitual desparpajo a declarar que en su localidad "todo está al máximo". Un comentario que, más que tranquilidad, despertó indignación.
Sin embargo, el tema que realmente huele mal (literalmente) es el del feedlot que está generando un hedor insoportable en gran parte del Gran San Luis. Las denuncias crecen, pero las respuestas escasean. Videla, fiel a su estilo, publicó un video en redes advirtiendo que había alertado al gobierno provincial sobre el problema. Pero, al mejor estilo Pilato, se lavó las manos diciendo que el terreno no está en su ejido.
Lo curioso es que, según parece, el GPS del jefe comunal tiene una precisión selectiva. Antes del feedlot hay un loteo donde residen varios funcionarios municipales, y ese sí forma parte del ejido de Juana Koslay y el Municipio le presta servicios. Entonces, ¿es un error de ubicación o simplemente su jugada preferida: hacerse el distraído? Algo similar ocurrió con las obras en el Dique Vulpiani, una iniciativa que él mismo promovió y de la que luego se despegó con elegancia olímpica.
La habilidad del intendente kosleño para desentenderse de los problemas es casi admirable, si no fuera desesperante. Cada crisis es un nuevo escenario para demostrar su talento de nadar sin mojarse, dejando a los vecinos a la deriva entre excusas y silencios.
Por ahora, Videla sigue seco, pero en Juana Koslay la paciencia de los vecinos ya empieza a empaparse.
LAS BICICLETAS DE AVANZAR
El anuncio del gobierno de reactivar el fracasado Plan TUBI dejó una estela de ironías y críticas en el ámbito político. Pero nadie logró sintetizar el descontento con tanto ingenio como Fernando Gatica, líder de ATE, quien dejó caer una bomba verbal: “Las principales bicicletas están en las oficinas de Gastón Hissa y Claudio Poggi”. Un comentario que, más allá del humor, desnuda dos formas emblemáticas de "bicicletear" en la política puntana.
Por un lado, está Hissa, el intendente de San Luis, experto en la llamada “bicicleta financiera”. Según Gatica, mientras los servicios municipales agonizan, Hissa invierte fondos públicos en plazos fijos y fondos FIMA para generar intereses. Una maniobra que alimenta la incertidumbre sobre el destino final de esos recursos, pero que deja claro que las calles llenas de baches y basura no son su prioridad.
Por el otro, está Claudio Poggi, gobernador de San Luis, que perfeccionó el arte de “bicicletear” a los trabajadores estatales con reestructuraciones salariales y promesas de aumentos que nunca llegan a tiempo ni al bolsillo.
ATE, uno de los gremios más combativos contra el ajuste, no solo enfrenta las dilaciones del Ejecutivo, sino también una persecución judicial que solo refuerza el mensaje de que incomodar al poder tiene un costo elevado.
Las palabras de Gatica no tardaron en viralizarse, incomodando a más de uno en las oficinas oficiales. Es que las TUBI lamentablemente, no son las bicicletas más utilizadas por el oficialismo.
SI HAY EMERGENCIA QUE NO SE NOTE
El Concejo Deliberante aprobó la emergencia económica, financiera, administrativa de transporte e hídrica para la ciudad de San Luis. La votación fue por mayoría de ocho votos de los concejales que responden al intendente Hissa y siete en contra de la oposición.
La aprobación se dio en el marco de la última sesión ordinaria del año. El presidente del bloque oficialista, Mario Silvestri, sacó el viejo y confiable “relato apocalíptico” para justificar la emergencia, haciendo hincapié por ejemplo en la empresa Transpuntano.
Según el oficialismo, la compañía está en ruinas, pero esa narrativa se tambalea frente a los números: su director, Carlos Britos, cobra 1,7 millones de pesos mensuales. ¿Un sueldo tan exorbitante para comandar un supuesto naufragio? Algo no cierra, salvo que la prioridad sea mantener bien aceitada la maquinaria de privilegios.
El escándalo no termina ahí. Todavía están frescos los casos del secretario Legal y Técnico, Andrés “Pocho” Heredia, y la asesora letrada, Agustina Díaz Turk, quienes cobraban sobresueldos millonarios que el propio Hissa tuvo que admitir.
Mientras el transporte público se desmorona, el dinero fluye sin problemas hacia las cuentas de los funcionarios del círculo íntimo. Emergencia para unos, abundancia para otros.
La estrategia es clara: vender a Transpuntano como un desastre para justificar más discrecionalidad en el manejo de fondos públicos. Pero la emergencia, más que económica, parece ser ética. ¿Cómo explicar los millones que circulan entre los funcionarios mientras los ciudadanos lidian con un servicio deficiente y tarifas cada vez más altas?
Como todo lo que toca Hissa, esta declaración de emergencia deja más preguntas que respuestas.
JORGE EL PERDIDO
Jorge Gastón Hissa, siempre tan ágil para subirse al tren de los temas de moda, esta vez quedó patinando con el escándalo de los certificados truchos. A la pregunta puntual de un periodista, el intendente respondió como quien busca el manual de instrucciones: “Estamos estudiando los casos… sí, vamos a ver…, si, si hay” Más perdido que cebolla en ensalada de fruta, como diría cualquiera que haya tenido la desdicha de escuchar semejante desconcierto verbal.
El jefe comunal intentó –sin éxito– sumarse al relato del gobernador Claudio Poggi, pero terminó más enredado que un ovillo de lana. En lugar de dar certezas, se limitó a improvisar. No sólo no sabía si su administración estaba realizando auditorías sobre los casos de certificados falsos, sino que en los pasillos del Municipio la palabra "auditoría" ni siquiera parece existir. La preocupación de Hissa no era tomar el toro por las astas, sino buscar el momento adecuado para alinearse con el discurso provincial, aunque ni él entendiera de qué estaba hablando.
POGGI MIRÁ LAS SESIONES DEL HCD
Parece que el gobernador Claudio Poggi ha decidido hacer un poco de "televisión política". En los últimos días, tras una larga espera, anunció que el Programa Alimentario y Nutricional Escolar (PANE) continuará en verano. Una decisión que, a pesar de su retraso, no deja de ser un alivio para miles de niños que dependen de la asistencia alimentaria en la provincia. No es frecuente que algo bueno surja en medio de tanto ruido político, y el PANE, por lo menos en su ejecución, se lleva la medalla de una de las pocas políticas destacables de esta gestión.
Pero como todo en San Luis, hasta lo más positivo se convierte en un campo minado de intereses. Este anuncio, que debería haber llegado mucho antes, vino acompañado de una sombra de dudas. En noviembre, el Bloque Justicialista, de la mano de la concejala, Paulina Calderón, presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para que el intendente Hissa asumiera la responsabilidad de garantizar la continuidad del PANE. Esto hubiera sido una solución práctica ante la posible suspensión del programa, pero como buen proyecto de la oposición, terminó "cajoneado" por los concejales oficialistas, que tienen la costumbre de no dar la importancia debida a los temas que incomodan.
Lo que, de manera involuntaria, terminó generando el proyecto de Calderón fue una reflexión incómoda: el gobernador Poggi parece estar, por fin, prestando atención a lo que sucede en el Concejo Deliberante de la ciudad capital. Si bien su aparente desconcierto ante el avance del proyecto mostró que su monitoreo de las sesiones no es del todo cercano, es evidente que el asunto del PANE ha logrado captar su atención, aunque sea de manera tardía. En todo caso, al menos ahora sabe que el HCD sigue trabajando, aunque no siempre en la dirección que más le conviene.
Lo que realmente inquieta, sin embargo, es que el gobernador de San Luis tenga que reaccionar a cuestiones tan básicas, como la alimentación de los niños, sólo cuando la presión de la oposición se convierte en una bola de nieve. Es raro que el gobierno provincial, que gasta tanto tiempo mirando hacia el futuro, no haya tenido la previsión de adelantarse a este tipo de situaciones. En vez de ser proactivo, Poggi se ha mostrado reactivo, y eso, en el largo plazo, no suele dar buenos resultados.
BUENA SEMANA MOSQUITEROS…
El pedido del intendente de La Punta es para el próximo 23 de diciembre. Sorpresa en el mundo político por la tardanza en el envío de los proyectos.
El análisis es hasta el mes de septiembre. En la actualidad podrían seguir activos estos pagos paralelos, ya que la Municipalidad de Hissa nunca informó al respecto y que involucran al secretario Legal y Técnico de la Comuna, entre otros funcionarios.
Hubo cortes de calles por la falta del servicio en los barrios Eva Perón y Cerro de la Cruz. Los inconvenientes ya llevan 72 horas sin respuesta del Municipio.
Según la secretaria de Servicios Públicos la falta de agua en distintos barrios se debe a un "consumo excesivo", en medio de la emergencia vigente por el cuidado del agua. Otro capitulo del "haz lo que digo, pero no lo que hago".
Mediante la Resolución N° 058-DdP-2024 demostraron el peligro sanitario que viven cientos de vecinos.
Se conoció un video que muestra imágenes de un hombre golpeando a un empleado por no abrirle la puerta fuera de horario. Municipales aseguran que este tipo de situaciones son moneda corriente en el ambiente hostil en el que viven a diario. Según indicaron, el agresor sería un abogado muy cercano al círculo de poder provincial.
Hubo cortes de calles por la falta del servicio en los barrios Eva Perón y Cerro de la Cruz. Los inconvenientes ya llevan 72 horas sin respuesta del Municipio.
El análisis es hasta el mes de septiembre. En la actualidad podrían seguir activos estos pagos paralelos, ya que la Municipalidad de Hissa nunca informó al respecto y que involucran al secretario Legal y Técnico de la Comuna, entre otros funcionarios.
El pedido del intendente de La Punta es para el próximo 23 de diciembre. Sorpresa en el mundo político por la tardanza en el envío de los proyectos.