Bazla al banquillo: el "guardián" de la ética se escapó con un decreto inventado
El Decreto N° 2153 firmado el 10 de marzo tiene un problema grave, nadie sabe en qué ley se apoya, porque no cita ninguna. El gobernador de San Luis apartó por noventa días a Ricardo Bazla de la Secretaría de Ética Pública sin invocar un solo artículo que autorice esa figura.
Y la razón por la que no cita ninguna norma es simple, no existe. Los funcionarios políticos en Argentina no tienen derecho a licencia. Esa figura está reservada exclusivamente para empleados de planta permanente. Un secretario de Estado no pide licencia, renuncia o continúa, no hay una tercera opción legal. El gobernador la inventó. La casualidad no es llamativa, el 25 de marzo, Bazla tiene que sentarse ante un juez que le formulará cargos por la desaparición de maíz valuado en dos millones de dólares y en el poggismo lo quieren lejos.
Noventa días de licencia inexistente es exactamente el tiempo que necesita para atravesar lo peor de la causa judicial sin el cargo encima. El expediente que originó el decreto y la solicitud formal son documentos públicos que el Ejecutivo no mostró ni explicó. Nadie en el gobierno salió a decir por qué, bajo qué norma ni a pedido de quién se construyó esta salida de emergencia.
Lo que hace más grotesca la maniobra es quién es Bazla. Era el titular del organismo creado para perseguir a empleados públicos que no cumplan con los estándares de conducta que el gobierno predica. Desde esa secretaría se sumariaron agentes estatales por irregularidades menores. Algunos, por licencias mal encuadradas. El mismo pecado magnificado que hoy comete el gobernador para protegerlo.
El contraste es obsceno. Empleados de planta —los únicos que legalmente pueden pedir licencia— fueron sancionados o sumariados por usarla mal. El secretario de Ética, que ni siquiera tiene ese derecho, se va noventa días con un decreto que el propio sistema jurídico no reconoce. El gobernador no encontró un resquicio legal, directamente ignoró que no había ninguno.
El relato oficial de transparencia choca de frente con un acto administrativo jurídicamente inexistente, firmado diez días antes de que su beneficiario enfrente cargos por corrupción.