Poggi quiere recortar la feria judicial, pero abogados y escribanos advierten que el caos sería mayor

El proyecto que impulsa Claudio Poggi para reducir la feria judicial volvió a encender las alarmas en los tribunales y estudios jurídicos de toda la provincia. Lejos de una reforma moderna, los abogados y escribanos lo ven como una medida pour la galerie a uno de los pocos períodos de orden y reorganización interna que tiene la Justicia.

El argumento de los profesionales es que sin un receso común, el sistema judicial se volvería inestable todo el año.
Actualmente, la feria de enero y la de julio permiten que los tribunales se organicen, los expedientes se ordenen, se limpien los depósitos, se archiven causas y se planifiquen mejoras. Quitar ese tiempo sería, en palabras de un abogado litigante, “pretender que el motor siga andando mientras le cambiás las bujías”.

Desde 1952, el Reglamento para la Justicia Nacional, al que adhirieron la mayoría de las provincias, estableció la feria como parte del calendario judicial. Y no por capricho: la administración de justicia —una de las tres patas de la República— necesita ese tiempo para evitar la parálisis permanente que generaría el recambio escalonado de miles de operadores.

“Si cada uno tomara vacaciones en distintos momentos, el sistema colapsaría todo el año”, advierten desde los colegios profesionales.

Además, la feria no implica una paralización total como quieren hacer creer desde el relato oficial.  Los tribunales  continúan despachando causas urgentes, y los jueces pueden habilitar días y horas cuando la situación lo exige, tal como lo prevé el artículo 7 del Reglamento Judicial.

El debate, entonces, no pasa por la existencia de la feria, sino por su duración y eficiencia. Algunos proponen acortar el período o ampliar la jornada laboral a ocho horas diarias durante el resto del año. Pero eliminarla o reducirla sin planificación, sostienen los especialistas, sería un “error logístico y funcional”.

Los abogados y escribanos también recuerdan que el derecho al descanso tiene rango constitucional: los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional lo garantizan, junto con tratados internacionales sobre derechos laborales.

En definitiva, la polémica iniciativa del gobierno provincial parece más un gesto para la tribuna que una verdadera reforma. Si el Poder Judicial necesita mejorar, debe hacerlo con mejores argumentos, no con discursos de ocasión.