Gobernadores exigen que el Gobierno nacional atienda el impacto de la baja de Ganancias sobre la coparticipación antes de avanzar con la reforma laboral. En las negociaciones, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, no aparece entre los actores centrales del reclamo.
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Mientras el Gobierno de Javier Milei intensifica las negociaciones para lograr la sanción de la reforma laboral durante el período de sesiones extraordinarias en febrero, un grupo de gobernadores provinciales ha elevado un reclamo clave que reconfigura la escena política nacional: advierten que la rebaja en el impuesto a las Ganancias para sociedades (prevista dentro del proyecto) tendrá un impacto negativo sobre los fondos de coparticipación que reciben las provincias. Este pedido, que el Ejecutivo ya está estudiando, se volvió un punto de negociación antes de avanzar con la ley laboral.
El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con mandatarios como Alfredo Cornejo (Mendoza) para analizar este reclamo y evaluar fórmulas compensatorias que permitan que las provincias no pierdan recursos en 2026 por la menor recaudación tributaria derivada del cambio impositivo. Cornejo y otros gobernadores proponen, por ejemplo, que la baja de Ganancias (que sería de 30 % a 27 % en el tramo 2 y de 35 % a 31,5 % en el tramo 3 del impuesto) se postergue para 2027 o que el costo fiscal adicional lo absorba en parte la Nación este año para evitar un desfinanciamiento provincial.
Este planteo pone de relieve el rol que los gobernadores tienen como pieza clave para garantizar los votos que Milei necesita en el Senado y en Diputados (especialmente porque muchos de esos mandatarios no responden estrictamente a la estructura partidaria del oficialismo y operan más como negociadores con poder propio).
Pese a la clara presión de varios mandatarios provinciales (especialmente los no peronistas como Cornejo) el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, no aparece como figura central en este reclamo ni en las rondas de negociaciones públicas por el momento. En muchos de los principales contactos que se vienen registrando entre Santilli y sus pares provinciales, así como en el seguimiento de la agenda nacional, San Luis no ha tenido una presencia destacada ni ha formulado un pedido específico vinculado a la reforma laboral o al déficit que podría generarle la rebaja de Ganancias. Esto lo deja, por ahora, al margen de la mesa donde se están definiendo condiciones clave de la reforma.
La ausencia de un rol más visible de Poggi contrasta con la situación de gobernadores que han llevado propuestas particulares a la Casa Rosada, logrando incluso compromisos de evaluación por parte del Gobierno nacional. Mientras tanto, la agenda de San Luis continúa centrada en problemáticas internas, sociales y de infraestructura provinciales, sin que hasta ahora se haya destacado en el contexto de una reforma laboral que podría modificar normas y pautas centrales del empleo en todo el país.
La reforma laboral, impulsada por Milei y su equipo con el objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo, bajar costos para las empresas e incentivar empleo formal, dependerá en gran medida del apoyo que pueda articular el oficialismo con gobernadores y bloques provinciales en el Congreso. En ese juego de equilibrios, la voz de mandatarios que ya se pronunciaron (y demandan compensaciones fiscales por el impacto de la reforma) sobresale. Por ahora, San Luis permanece como un observador más que como un protagonista activo en estas tratativas.
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