El gobierno aprieta a la justicia para proscribir a Rodríguez Saá

La justicia es lenta, salvo cuando al gobierno le corre el reloj electoral. Entonces, el discurso cambia, las formas se tensan y el "respeto a la división de poderes" pasa a ser un detalle molesto. Así se comporta hoy el oficialismo de Claudio Poggi, que con un nerviosismo cada vez menos disimulado, busca apurar al Poder Judicial para definir —a su favor, por supuesto— la situación de Alberto Rodríguez Saá.

El encargado de ponerle la cara al apriete es el vicegobernador Ricardo Endeiza, una figura que hasta ahora venía jugando en segundo plano pero que en las últimas horas salió del placard para actuar de operador judicial. Junto a los apoderados del Frente Ahora San Luis, presentaron un escrito en tribunales con la excusa de estar preocupados porque las boletas todavía no se imprimieron.

Lo curioso —por no decir cínico— es que fue el propio poggismo el que judicializó cada instancia del proceso electoral. Y ahora, cuando las resoluciones no les resultan convenientes, pretenden que la Justicia se mueva a los codazos. Exigen celeridad, como si no hubieran sido ellos quienes metieron palos en la rueda desde el principio.

Detrás del acting judicial se esconde el verdadero objetivo, proscribir a Alberto Rodríguez Saá. La sola presencia del ex gobernador parece quitarle el sueño a Claudio Poggi y su entorno. El temor no es menor, saben que su figura puede alterar los cálculos y poner en jaque la hegemonía que pretenden consolidar a cualquier precio.

Desde el Frente Justicialista presentaron un escrito en respuesta a los pedidos de Endeiza.  “Ellos han demorado el proceso con este barullo y metiéndose en nuestro expediente. No es la jueza quien demoró el proceso”, dispararon sus apoderados, que también señalaron lo obvio, las objeciones presentadas por el oficialismo sólo buscan proscribir a Rodríguez Saá.

Y agregaron: “Sabemos que han hablado con los jueces”, dejando flotando en el aire la sospecha de presiones, pasillos y llamados fuera de horario. 

Mientras tanto, la campaña se va contaminando con un conflicto que ya no es solamente político. La institucionalidad tambalea cada vez que el poder mete la mano donde no debe. Y cuando un gobierno que dice defender la democracia intenta torcer la voluntad popular desde los despachos judiciales, el problema deja de ser electoral.