
Hissa y la ficción de vender como “solución” el problema que él mismo generó
La gestión municipal convirtió una política pública en ruinas y ahora la publicita como “plan integral”. No hay épica donde hubo desmantelamiento.
Con la actualización de los sistemas, la obra social hizo reformas sin avisarle a los ciudadanos. De 50%, la cobertura pasó de 30% a 45% en el mejor de los casos.
Actualidad15 de abril de 2025
Redacción
Entre gallos y medianoche, y sin una mísera circular que lo anticipe, la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (Dosep) decidió rediseñar su política de cobertura en medicamentos. No fue una mejora, por supuesto. Los afiliados, que solían contar con un 50% de descuento como un derecho casi ritual, hoy se enfrentan a una rebaja de la rebaja, ahora el beneficio oscila entre un mezquino 30% y, si hay suerte, un 45%.
Nadie fue consultado. Nadie fue informado. Nadie entiende del todo cómo, cuándo ni por qué. Lo único claro es que el gasto de bolsillo crece justo cuando los salarios hacen equilibrio sobre una cuerda floja que cada vez cuelga más bajo.

El truco está en la implementación de una tarifa de referencia. ¿Qué significa eso? Que si usted toma un medicamento para una enfermedad crónica y prefiere una marca reconocida (porque confía en ella, porque le funciona, porque no quiere experimentar), Dosep ahora decide que le va a cubrir un porcentaje, pero no sobre el precio real, sino sobre el de una versión más barata. El resultado es que usted paga más, aunque le digan que le están haciendo un favor.
Detrás de este ajuste encubierto hay una narrativa más amplia, la del recorte. El gobierno provincial aprieta el cinturón de la obra social mientras los afiliados aprietan sus bolsillos. La reducción de servicios, los pagos atrasados a prestadores y la creciente presión sobre los médicos, que cobran plus porque la cobertura oficial no alcanza, completan un panorama desolador.
La pelea con el Círculo Médico es otro frente abierto que se suma al caos. Mientras los profesionales exigen actualizaciones y condiciones dignas, los afiliados quedan atrapados en el medio, pagando los platos rotos de una administración que hace malabares con la salud ajena.
La nueva “política de cobertura” no es más que una excusa técnica para enmascarar un recorte brutal. Porque cuando la salud se transforma en variable de ajuste, lo que está en juego no son sólo cifras, sino la dignidad de quienes, mes a mes, aportan a una obra social que ya no cubre, ya no responde y, lo peor, ya no cuida.

La gestión municipal convirtió una política pública en ruinas y ahora la publicita como “plan integral”. No hay épica donde hubo desmantelamiento.

Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.

La sesión exprés y el micrófono silenciado abrieron la puerta a una medida cautelar que pone en jaque la validez de la ordenanza. El reglamento, otra vez, quedó en segundo plano.

El sindicato pidió mejoras en múltiples administraciones, excepto en San Luis, donde se concentran la mayor cantidad de empleados. La omisión reaviva cuestionamientos sobre su rol durante el deterioro laboral en la gestión municipal de la capital.

Un grupo de integrantes de la Cámara de Comercio se reunieron con Jorge Gastón Hissa y lo responsabilizaron por el caos que generó la proliferación de manteros. Aunque agradecieron la convocatoria, aseguran que las soluciones que ahora propone ya existían en la gestión anterior y que el intendente sólo reacciona mirando el calendario electoral.

La bancada opositora busca suprimir el requisito impuesto por el Ejecutivo, al que señalan como ilegal y responsable de trabar la renovación del carnet a cientos de vecinos. El dictamen en minoría apunta a restituir los criterios de la Ley Nacional de Tránsito.

Mientras la gestión navega entre anuncios inflados y resultados escasos, la comunicación oficial intenta convertir encuentros administrativos en gestas históricas. La maquinaria propagandística crece, pero la credibilidad se achica.

Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.

Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.

Del Profe Aedes

La sesión exprés y el micrófono silenciado abrieron la puerta a una medida cautelar que pone en jaque la validez de la ordenanza. El reglamento, otra vez, quedó en segundo plano.

Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.

La gestión municipal convirtió una política pública en ruinas y ahora la publicita como “plan integral”. No hay épica donde hubo desmantelamiento.