
El hecho expone una cadena de denuncias por amenazas, traslados forzados y violencia interna en distintas áreas del municipio.
Con la actualización de los sistemas, la obra social hizo reformas sin avisarle a los ciudadanos. De 50%, la cobertura pasó de 30% a 45% en el mejor de los casos.
Actualidad15 de abril de 2025
Redacción
Entre gallos y medianoche, y sin una mísera circular que lo anticipe, la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (Dosep) decidió rediseñar su política de cobertura en medicamentos. No fue una mejora, por supuesto. Los afiliados, que solían contar con un 50% de descuento como un derecho casi ritual, hoy se enfrentan a una rebaja de la rebaja, ahora el beneficio oscila entre un mezquino 30% y, si hay suerte, un 45%.
Nadie fue consultado. Nadie fue informado. Nadie entiende del todo cómo, cuándo ni por qué. Lo único claro es que el gasto de bolsillo crece justo cuando los salarios hacen equilibrio sobre una cuerda floja que cada vez cuelga más bajo.

El truco está en la implementación de una tarifa de referencia. ¿Qué significa eso? Que si usted toma un medicamento para una enfermedad crónica y prefiere una marca reconocida (porque confía en ella, porque le funciona, porque no quiere experimentar), Dosep ahora decide que le va a cubrir un porcentaje, pero no sobre el precio real, sino sobre el de una versión más barata. El resultado es que usted paga más, aunque le digan que le están haciendo un favor.
Detrás de este ajuste encubierto hay una narrativa más amplia, la del recorte. El gobierno provincial aprieta el cinturón de la obra social mientras los afiliados aprietan sus bolsillos. La reducción de servicios, los pagos atrasados a prestadores y la creciente presión sobre los médicos, que cobran plus porque la cobertura oficial no alcanza, completan un panorama desolador.
La pelea con el Círculo Médico es otro frente abierto que se suma al caos. Mientras los profesionales exigen actualizaciones y condiciones dignas, los afiliados quedan atrapados en el medio, pagando los platos rotos de una administración que hace malabares con la salud ajena.
La nueva “política de cobertura” no es más que una excusa técnica para enmascarar un recorte brutal. Porque cuando la salud se transforma en variable de ajuste, lo que está en juego no son sólo cifras, sino la dignidad de quienes, mes a mes, aportan a una obra social que ya no cubre, ya no responde y, lo peor, ya no cuida.

El hecho expone una cadena de denuncias por amenazas, traslados forzados y violencia interna en distintas áreas del municipio.

Tras la renuncia de Jorge Caro, el prosecretario parlamentario de LLA en el Senado, Rodolfo Negri, anunció que presentará un proyecto para presidir el club. La movida se da en un contexto de vacancia institucional y reabre el debate sobre la injerencia política en entidades deportivas.

La intervención comenzó hace varios meses y quedó inconclusa, con montículos de arena y trabajos a medio hacer. Comerciantes y vecinos advierten problemas de tránsito y peligros por falta de señalización. El antecedente inmediato es la obra inconclusa en la avenida Presidente Perón durante la gestión de Jorge Gastón Hissa.

La Resolución Rectoral Nº 917/2025 dispuso aumentos salariales diferenciados desde julio y agosto, beneficiando a autoridades superiores del Rectorado. La decisión fue firmada por el entonces rector Víctor Moriñigo, hoy diputado provincial, en un contexto de ajuste y pérdida salarial para docentes y no docentes.

La Municipalidad anunció medidas de “ordenamiento” urbano durante 2025, pero no logró sostener ninguna política efectiva. Los conflictos en la vía pública continúan y dejaron en evidencia una gestión sin planificación ni ejecución real.

Los homicidios de una madre y su hija, la persistencia de robos y el conflicto abierto entre la Policía y la ministra Nancy Sosa son los últimos episodios de una crisis que se arrastra desde hace al menos dos años. El cierre de año encuentra al gobierno provincial sin respuestas estructurales en el área.

El intendente de San Luis encabezó un nuevo acto para mostrar vehículos que ya habían sido presentados como “compras recientes” en al menos tres ocasiones durante el último año. La puesta en escena se dio en medio de críticas por el deterioro de los servicios básicos en la ciudad.

El Concejo Deliberante aprobó las emergencias económica, administrativa, del transporte y del agua enviadas por la intendencia. La oposición cuestionó la falta de información, el uso político de las herramientas y señaló que la crisis real de la ciudad no fue abordada

Los homicidios de una madre y su hija, la persistencia de robos y el conflicto abierto entre la Policía y la ministra Nancy Sosa son los últimos episodios de una crisis que se arrastra desde hace al menos dos años. El cierre de año encuentra al gobierno provincial sin respuestas estructurales en el área.

La Resolución Rectoral Nº 917/2025 dispuso aumentos salariales diferenciados desde julio y agosto, beneficiando a autoridades superiores del Rectorado. La decisión fue firmada por el entonces rector Víctor Moriñigo, hoy diputado provincial, en un contexto de ajuste y pérdida salarial para docentes y no docentes.

La intervención comenzó hace varios meses y quedó inconclusa, con montículos de arena y trabajos a medio hacer. Comerciantes y vecinos advierten problemas de tránsito y peligros por falta de señalización. El antecedente inmediato es la obra inconclusa en la avenida Presidente Perón durante la gestión de Jorge Gastón Hissa.

Tras la renuncia de Jorge Caro, el prosecretario parlamentario de LLA en el Senado, Rodolfo Negri, anunció que presentará un proyecto para presidir el club. La movida se da en un contexto de vacancia institucional y reabre el debate sobre la injerencia política en entidades deportivas.

El hecho expone una cadena de denuncias por amenazas, traslados forzados y violencia interna en distintas áreas del municipio.