Redacción
El regreso de Nino Romero a las ondas de Radio Dimensión ha desencadenado una tormenta de especulaciones y murmullos. Pero detrás de la cortina de humo de las reconciliaciones aparentes, se esconde una historia mucho más jugosa y complicada.
Las aguas están inquietas en San Luis+ y el conductor estrella del poggismo ya amenazó varias veces con bajarse, si las condiciones seguían siendo las mismas en la emisora estatal. Los millones que se pierden mensualmente en el acuerdo con Telefe y la interna con la dirección de canal serían los detonantes para que Romero haya mostrado su disconformidad en su círculo más íntimo.
Fuentes internas bien conectadas han revelado que el regreso de Romero a Radio Dimensión no fue un acto de pura buena voluntad, sino más bien el resultado de una negociación. Se dice que una pauta publicitaria exorbitante, valorada en la sorprendente suma de un millón de pesos, fue el factor decisivo que lo trajo de vuelta con su tradicional programa.
Se dice que este “abrazo”, no fue una concesión generosa para reconocer el talento de Romero, sino más bien un intento de calmar su enojo o asegurar su lealtad en medio de las crecientes tensiones entre los comunicadores vinculados al gobernador Claudio Poggi.
Pero no solo Nino tiene que ser “contenido”, también está Emanuel Moreno, editor de El Puntano, quien se ha mostrado muy crítico con la estrategia de comunicación del gobierno y también ha padecido algunos gestos poco amigables en el canal, como productor de algunos productos. Asimismo es público su enfrentamiento con Emiliano Pasquarelli, uno de los mimados por el secretario de Comunicación, y con el que supo compartir las operaciones de los medios poggistas cuando eran oposición.
El encargado de limpiar los errores de Diego Masci, es nada más y nada menos que Facundo Santarone, el maestro de marionetas tras bastidores. Quién está moviendo los hilos y prepara los paquetes de “contención” con los comunicadores aliados y la prensa en general tanto en el gobierno, como en los municipios de La Punta y San Luis.
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La obra social provincial atraviesa una crisis sin precedentes. Desde el Círculo Médico aseguran que el gobierno nunca tuvo intención de negociar y utilizó su aparato mediático para deslegitimar a los profesionales.
El cierre de listas de La Libertad Avanza en San Luis dejó expuesta una feroz interna libertaria: maniobras ocultas, intervención nacional y un diputado que quedó fuera de juego.
Daniel Piñeda, subdirector de Ingresos Públicos, intentó apuntar contra la gestión anterior, pero concejales justicialistas lo dejaron expuesto con munición gruesa sobre los desmanejos actuales del municipio.
Editorial
El gobernador anunció la reactivación del Centro de Deshabituación de La Toma, paralizado por su propia gestión durante casi dos años pese a tener un 85% de avance. La oposición lo acusa de hacer marketing con la salud pública.
El subsecretario nacional Alejandro Cacace, convertido en vocero del achique estatal, celebró el cierre de organismos y reclamó al gobernador que continúe con el ajuste. Su pasado familiar ligado al Estado lo deja expuesto ante el propio relato libertario.
Profesionales advirtieron una vez más sobre la crisis en el sistema sanitario. Denuncian la falta de recursos humanos, salarios por debajo de la media y una política de salud desmantelada desde la llegada de Claudio Poggi al poder.
Volvió el resumen político más esperado por grandes y chicos. Porque mientras algunos miran para otro lado, siempre hay un mosquito metiéndose en por la ventana. Bienvenidos a un nuevo convite…
Familias denuncian montos impagables. El bloque Justicialista presentó un pedido de informe por la "deuda invisible" que la gestión está generando a los ciudadanos.
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El intendente comisionado de Villa de Praga, Ramón Cruz, denunció penalmente al actual director de DOSEP, Jorge Arturo Vergara, por presunta defraudación.
Mientras el gobernador Claudio Poggi puso en duda públicamente que su gestión haya realizado compras al laboratorio, los decretos oficiales lo confirman, sólo entre 2024 y 2025 la provincia le adjudicó y pagó casi 740 millones de pesos. El caso resuena con el escándalo nacional que involucra a la ANDIS y a la administración de Javier Milei.