MosconiEn las últimas semanas, el Gobierno nacional profundizó la restricción de la circulación de dinero en la economía, una política destinada a reducir la inflación y estabilizar las cuentas públicas. La decisión se implementa a través de una menor emisión monetaria y mayores tasas de interés.
Este enfoque tiene antecedentes en otras etapas de ajuste fiscal en Argentina, donde la reducción de la liquidez buscó frenar la suba de precios. Sin embargo, en el contexto actual, la caída del crédito y el encarecimiento del financiamiento agravan el freno en la actividad económica.
El impacto se observa en la vida cotidiana mediante una baja en el consumo, dificultades para acceder a préstamos y una contracción en las ventas de comercios y pymes. Los salarios pierden capacidad de compra y aumentan los casos de empleo informal o changas como alternativa de ingreso.
La política beneficia principalmente a sectores financieros y exportadores, que pueden aprovechar tasas altas y estabilidad cambiaria. En contraste, los sectores asalariados, pequeños comerciantes y productores locales enfrentan mayores dificultades para sostener su actividad y mantener el empleo.
Queda abierto el interrogante sobre la sostenibilidad de esta estrategia en el mediano plazo y su capacidad real para controlar la inflación sin profundizar la recesión. No se conocen aún medidas complementarias para mitigar el impacto social negativo de la restricción monetaria.
