En el juicio por YPF en Nueva York piden declarar a Argentina en desacato y el Gobierno apelará

En un nuevo episodio del juicio por la expropiación de YPF, que se tramita ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fondos demandantes (representados por Petersen y Eton Park con respaldo financiero de Burford Capital) solicitaron formalmente a la jueza Loretta Preska que declare a la República Argentina en desacato por supuestamente incumplir órdenes judiciales de producción de documentos. Esta petición forma parte de una ofensiva judicial que busca presionar al país para que cumpla con determinadas exigencias procesales en la causa que exige una multimillonaria indemnización por la estatización de la petrolera en 2012.

Los demandantes sostienen que la Argentina no habría cumplido con la entrega completa de comunicaciones exigidas en el proceso de “discovery”, un trámite procesal en el que las partes deben poner a disposición correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otros datos relevantes. Según la presentación, esa falta de producción habilitaría la declaración de desacato y la imposición de sanciones adicionales.

Entre las sanciones solicitadas se incluyen, además de la declaración de desacato, multas coercitivas de al menos US$ 1 millón por día mientras persista el presunto incumplimiento, la aplicación de sanciones civiles, la presunción de que cualquier evidencia no presentada sería desfavorable a Argentina, y la posibilidad de que se declare “alter ego” de entes estatales a organismos como el Banco Central, Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas.

La defensa argentina rechazó de plano el planteo y anticipó que apelará ante la cámara de apelaciones competente. Desde la Procuración del Tesoro de la Nación sostienen que el país “ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery”, incluyendo la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios. Calificaron la solicitud de desacato como un intento de “hostigar” al Estado argentino mediante exigencias procesales excesivas.

El cronograma judicial prevé que la defensa argentina presente su réplica el 19 de febrero, mientras que los demandantes tendrán tiempo para una contrarréplica el 5 de marzo. La jueza Preska fijó audiencias probatorias los días 23 y 24 de marzo, en las que evaluará si corresponde o no aceptar la solicitud de sanciones y la posible declaración de desacato.

Este conflicto se enmarca en un proceso más amplio que se remonta a la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado argentino retomó el control de acciones de la petrolera mayoritariamente en manos de Repsol y otros accionistas minoritarios. En 2023, Preska condenó al país a pagar más de US$ 16 000 millones más intereses a los fondos que resistieron al canje de deuda tras la estatización, y ordenó medidas que Argentina apeló, incluida la entrega de acciones como forma de pago.

La posibilidad de que un tribunal estadounidense declare a Argentina en desacato es inusual para un Estado soberano y no tiene precedentes importantes fuera del ámbito de litigios privados, pero podría tener efectos simbólicos y prácticos en términos de presión procesal y en la percepción internacional del riesgo legal asociado a litigios contra el país.