El jefe de Gabinete envió al Parlamento el decreto presidencial que amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La oposición se organiza para intentar darle de baja antes de que el DNU quede firme.
Nacionales
Nac and Pop
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remitió al Congreso de la Nación el decreto presidencial que reformuló el sistema de inteligencia argentina y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), generado una fuerte controversia política entre el oficialismo y la oposición.
La norma fue firmada por el presidente Javier Milei a fines de diciembre pasado como Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para reorganizar el sistema de inteligencia y otorgar nuevas facultades a la SIDE sin pasar por debate legislativo. El decreto también reduce la estructura de organismos previos y pone el área de ciberseguridad bajo la Jefatura de Gabinete.
Adorni envió el texto al Senado y a Diputados poco antes de que venciera el plazo que establece la ley para que el Congreso analice los decretos presidenciales. A partir de ahora, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tendrá diez días hábiles para emitir un dictamen; cumplido ese lapso, cualquiera de las dos cámaras puede llevar el decreto al recinto para su discusión y votación.
Desde bloques opositores como Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica advirtieron que buscarán los votos necesarios para rechazar el decreto si se logra quorum en el Congreso. Los grupos críticos plantean que la reforma habilita a la SIDE a “espionaje político”, incluida la posibilidad de aprehender personas en determinados contextos y clasificar actividades como encubiertas, y cuestionan su aprobación por DNU sin debate previo.
El oficialismo, por su parte, intentará postergar la discusión parlamentaria al menos hasta febrero, cuando regresen las sesiones de extraordinarias, y confía en que el decreto quede firme si no se logra la mayoría simple en ambas cámaras para objetarlo antes de que concluya el proceso legislativo.
La apertura de sobres para el segundo tramo del Acceso Este en Mendoza puso en escena a Hugo Dragonetti, empresario sanjuanino conocido por obras hidráulicas en San Juan, ahora en competencia por un contrato vial de más de $70 000 millones. El movimiento refleja la expansión interestatal de constructoras locales en un contexto de gran obra pública.
La Corte Suprema provincial atraviesa un conflicto interno que mezcla resistencias institucionales, disputas de poder político y decisiones polémicas, como aumentos salariales que llevarían haberes de magistrados a $24 millones. La situación pone en foco tensiones entre el Poder Judicial y la Legislatura de Santa Cruz.
El decreto del presidente Milei que amplía las atribuciones de los agentes de inteligencia ya fue enviado al Congreso. Entre las novedades, se incluye la posibilidad de aprehender personas. Constitucionalistas y sectores de la oposición advierten que se trata de un cambio profundo en las reglas de juego democráticas.
La jefa del bloque en el Senado abrió un espacio de intercambio entre asesores y bloques “dialoguistas” para pulir el texto de la reforma laboral que el Gobierno busca aprobar en febrero. La mesa técnica funcionará hasta fines de enero antes de llevar el proyecto al recinto.
El gobierno incorporó a organizaciones de Líbano, Egipto y Jordania vinculadas a la Hermandad Musulmana en el registro nacional de entidades terroristas. La decisión se enmarca en un giro más decidido en política exterior y en la alineación con países que ya la consideran una amenaza a la seguridad global.
El Gobierno informó que 22 de los 32 incendios forestales en la provincia ya fueron extinguidos, aunque los sectores cordilleranos siguen afectados. Casi 12 mil hectáreas de bosques y matorrales ya fueron consumidas por las llamas.
ANSES informó el cronograma de acreditación para estudiantes que reciben la beca. Los pagos se realizarán por terminación de DNI entre el 12 y el 16 de enero.
El senador libertario difundió un video con baches y pozos en caminos clave de San Luis. Apuntó a la responsabilidad directa del gobierno provincial.
El dato expone el impacto del deterioro salarial en la vida laboral cotidiana y las necesidades básicas.
Gobernadores exigen que el Gobierno nacional atienda el impacto de la baja de Ganancias sobre la coparticipación antes de avanzar con la reforma laboral. En las negociaciones, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, no aparece entre los actores centrales del reclamo.
El pago anual de tasas y servicios municipales alcanza valores que miles de vecinos advierten no poder pagar. Desde que asumió el intendente, las tasas aumentaron más del 800% mientras los servicios básicos están en crisis.