Una trabajadora denunció que fue despedida injustificadamente y le pidió al primer mandatario que se “haga cargo de lo que pasa en el hospital”. Advirtió que hay casos de acoso e irregularidades en la dirección actual.
Actualidad03 de diciembre de 2024
Redacción
La política sanluiseña tuvo un episodio digno de un thriller político. En esta ocasión, el escenario fue la Plaza Pringles, donde Claudio Poggi fue confrontado públicamente por una trabajadora despedida. Lo que empezó como un reclamo cara a cara se convirtió en un escándalo viral.
La mujer, despedida sin motivo aparente, no perdió la oportunidad de encarar al gobernador en un evento oficial. Su reclamo fue directo y contundente: “En su asunción usted dijo que se acababan la persecución y el hostigamiento. Es lo único que hemos recibido desde que llegó.” Y como si fuera poco, agregó una acusación que retumbó en la sala: “Hágase cargo de la prostitución y el robo que está sucediendo en el Ramón Carrillo.”
Poggi, visiblemente incómodo y con su maquinaria de respuestas automáticas fuera de servicio, se limitó a preguntar su nombre y prometer que “se iba a poner en cuestión”. Mientras tanto, los presentes —prensa incluida— parecían no saber dónde esconderse.
Lo paradójico es que, en su campaña, Poggi prometió un gobierno transparente y sin persecuciones. Sin embargo, en menos de diez días, ya lo increparon dos veces por despidos y precariedad laboral. Este último episodio no solo evidencia el descontento social sino que también expone una clara contradicción entre el discurso oficial y los hechos.
El episodio del Ramón Carrillo es más que un simple reclamo laboral. Los despidos, las denuncias de corrupción y el acoso laboral ya no se tapan con el relato y parecen explotar en cada esquina.
El ministro de Producción de San Luis deja su cargo señalado por negociados con el programa de viandas escolares y entrega de dádivas durante las elecciones de mayo. También está señalado en la causa El Caburé, en la que denuncian que integrantes del gobierno se llevaron maíz valuado en más de 2 millones de dólares.
El gobernador debió retractarse luego de acusar públicamente a profesionales de integrar una “asociación ilícita”. El episodio evidencia nuevamente su tendencia a desbordarse y tener que recular.
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