Avanza una de las causas penales en contra de la presidenta del Concejo
Tras casi 3 meses sin avances, el fiscal de instrucción Nº 1 Francisco Assat Alí tomó declaración este martes a concejales de la ciudad de San Luis en una de las causas penales que involucra a la presidenta del Concejo, Agustina Arancibia Rodríguez. La presentación por incumplimiento de un mandato judicial la hicieron un grupo de 14 trabajadores despedidos por la autoridad del Legislativo Municipal, que responde al intendente Gastón Hissa. Si bien un juzgado civil ordenó la reincorporación, esto aún no ocurre.
La citación fue a las 9 de la mañana, en el edificio anexo del Poder Judicial, sobre calle Rivadavia. Allí hablaron, en condición de testigos, los concejales Agustina Gatto, Gastón Témoli, Juan Martín Divizia y Alejandro Cordido. Assat Ali deberá decidir posteriormente si realiza la formulación de cargos o archiva la causa. Los ediles también impulsan otra denuncia en contra de Arancibia Rodríguez por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes del funcionario público, por otros hechos ocurridos durante su presidencia. Además, ya tomó estado legislativo un pedido de juicio político en el Concejo Deliberante de San Luis.
Los trabajadores damnificados y su abogado patrocinante, Esteban Badra, también asistieron al ingreso del juzgado. Los despedidos, con pancartas y folletos, recordaron el lento accionar del fiscal Assat Ali, ya que a principios de marzo realizaron la denuncia.
"Vemos que no coinciden los cargos con la fecha que tiene inserta el documento. En esta línea hemos citado al doctor Témoli para que ratifique en qué fecha se confeccionó el documento y cuando fueron notificados administrativamente", ahondó el abogado sobre el segundo punto. Por estos hechos hay otra causa penal contra la secretaría administrativa del Concejo, además aclaró Badra.
"Hace dos días el doctor Hissa ha expresado que son plantas políticas, pero son plantas permanentes y quiero advertirle que el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el 58 y el 59 de la Constitución Provincial fijan la estabilidad del empleo público, precisamente para prevenir persecuciones políticas", argumentó el abogado.
"Los denunciantes pidieron a un grupo de concejales que declaren si le han advertido a la presidenta que debe cumplir con las medidas judiciales conforme al Artículo 45 de la Constitución Provincial y sobre algunos documentos que ha presentado el Concejo Deliberante tanto en el expediente penal como en el civil que a criterio de esta defensa están adulterados", argumentó Badra.
"Vemos que no coinciden los cargos con la fecha que tiene inserta el documento. En esta línea hemos citado al doctor Témoli para que ratifique en qué fecha se confeccionó el documento y cuando fueron notificados administrativamente", ahondó el abogado sobre el segundo punto. Por estos hechos hay otra causa penal contra la secretaría administrativa del Concejo, además aclaró Badra.
"Hace dos días el doctor Hissa ha expresado que son plantas políticas, pero son plantas permanentes y quiero advertirle que el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el 58 y el 59 de la Constitución Provincial fijan la estabilidad del empleo público, precisamente para prevenir persecuciones políticas", argumentó el abogado.
"Ya no hace falta ningún paso, ni ningún medio de prueba para que el fiscal llame a audiencia de formulación de cargos. A partir de ahora debería haber una audiencia. Está más que probado el incumplimiento del mandato judicial", aportó el concejal Cordido, quien fue uno de los que declaró este martes y que también es abogado.
Cordido recordó cómo funcionan las apelaciones y como son sus tiempos. "Si se apela es de efecto devolutivo, es decir, mientras se discute hay que cumplir lo que dispone el juez del amparo. La jueza concede el trámite de la apelación, con efecto devolutivo, y no hay ninguna excusa para que la presidenta no cumpla con el mandato judicial en la medida cautelar y reintegre los trabajadores. Esto lleva tres meses", remarcó.
"Hace más de ochenta días está en una supuesta investigación cuando el incumplimiento de la orden judicial es un delito claro", apuntó Barbara Témoli, una de las trabajadoras afectadas. "Seguimos yendo, concurriendo todos los días de 8 a 2 de la tarde, como lo ha establecido la jueza civil Valeria Benavidez", agregó.
Témoli detalló que los concejales citados participaron de la aprobación del presupuesto en el que se designaba a los empleados como de planta permanente. También pidieron que se cite a exconcejales, algunos de ellos oficialistas y que saltaron al gabinete provincial, como Guillermo Araujo y María del Carmen Molina.
La trabajadora detalló que Benavidez ordenó la reincorporación de los trabajadores, la asignación de tareas laborales, y el alta de empleado a través de la huella dactilar. "La presidenta no ha cumplido y no ha pagado los sueldos, algo que debería haber hecho, ya que la medida cautelar se retrotrae al 1º de enero", concluyó.
Fuente: EL DIARIO DE LA REPÚBLICA