Techint busca voltear la licitación del gasoducto en Vaca Muerta
Un documento interno exhibiría una maniobra del Grupo Techint para forzar al consorcio Southern Energy y al gobierno nacional a revisar los resultados de la licitación de los caños del gasoducto que unirá Vaca Muerta con Río Negro, luego de que la empresa india Welspun se impusiera en la compulsa con una oferta sensiblemente más baja.
El escrito señala que, tras la adjudicación y la firma del contrato el 23 de diciembre de 2025, la filial siderúrgica del grupo —Tenaris— presentó una nueva propuesta para igualar el precio de Welspun catorce días después, cuando el proceso ya estaba cerrado y no había lugar legal para modificarlo. Según allegados al caso, la jugada buscaba instalar públicamente la idea de un “esfuerzo” competitivo de Techint y catalizar una revisión de la decisión de adjudicación.
Fuentes del sector sostienen que esta maniobra coincide con la presión formal que inició el holding para que la Secretaría de Comercio declare que hubo dumping en la licitación —argumentando que la oferta extranjera se beneficia de costos subsidiados o prácticas comerciales predatorias— y así lograr la anulación del resultado.
El conflicto por el suministro de tubos —un insumo estratégico para el proyecto de gasoducto de casi 500 kilómetros destinado a transportar gas para su liquefacción y exportación— reavivó tensiones entre la defensa del empleo y la industria local frente a la lógica de apertura a proveedores internacionales a menores precios, que el Gobierno justificó como parte de criterios de competitividad y reducción de costos en proyectos energéticos clave.
En la práctica, la disputa expone contradicciones en la relación entre un poderoso holding con largo historial de participación en grandes obras de infraestructura y una gestión que busca legitimar políticas de competencia abierta, mientras Techint intenta capitalizar cualquier resquicio administrativo para revertir su derrota en la licitación y preservar su participación en el mercado de gasoductos.
El episodio deja una pregunta política central: ¿Es un ajuste de cuentas corporativo disfrazado de defensa industrial o la expresión de tensiones genuinas sobre reglas de juego en grandes contratos de infraestructura energética?
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