La Corte propone cambios en la selección de jueces para reducir la política
En un movimiento significativo, la Corte Suprema de Justicia ha propuesto una reforma en el mecanismo de selección de jueces federales y nacionales, elevando el planteo al Consejo de la Magistratura. La iniciativa, impulsada por los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, busca establecer límites claros a la intervención política en el proceso de selección, un aspecto que ha generado controversia en el ámbito judicial.
El nuevo reglamento propuesto plantea un cambio radical en la forma en que se evalúan a los candidatos, con la intención de reducir la discrecionalidad política. Se establece que los concursos se llevarán a cabo con un banco de preguntas corregido a través de un sistema automatizado, limitando así la influencia de las entrevistas personales, que ahora solo podrán sumar un 10% al puntaje total. Este enfoque busca fortalecer la transparencia y la objetividad en la evaluación de los postulantes.
La reforma se presenta en un contexto donde el Consejo de la Magistratura se encuentra en proceso de reestructuración, con un aumento de la influencia del oficialismo de La Libertad Avanza. La Corte, al elevar su propuesta, busca consolidar su poder en el proceso de selección, limitando la capacidad de los consejeros para influir en los resultados. Esto ha generado un debate interno, ya que existen otras propuestas en discusión dentro del Consejo que podrían complicar la implementación del nuevo reglamento.
Entre las innovaciones destacadas se encuentra la implementación de un doble examen, que incluye una primera etapa objetiva y una segunda etapa práctica en la que se evalúa la capacidad de los candidatos para resolver casos. Este esquema no solo busca mayor amplitud en la evaluación, sino también garantizar la trazabilidad y el anonimato de los postulantes, lo que se considera clave para evitar interferencias externas en el proceso.
De esta manera, la Corte Suprema avanza en su intención de redefinir el proceso de selección de jueces, estableciendo pautas más claras y objetivas que podrían transformar la dinámica del sistema judicial argentino. Sin embargo, la aprobación del nuevo reglamento dependerá del consenso en el Consejo de la Magistratura, donde se necesitarán mayorías agravadas para su implementación efectiva.