Marcha y paro en San Luis por el abandono a las personas con discapacidad
El sistema de atención a personas con discapacidad en San Luis llega a esta semana en estado crítico. Centros Educativos Terapéuticos, Centros de Día y prestadores privados que sostienen tratamientos de cientos de familias puntanas convocaron para el miércoles 18 de marzo, a las 11 horas, una movilización a Casa de Gobierno, y anunciaron un cese de actividades para el jueves 19. La medida de fuerza llega después de una reunión con funcionarios del gobierno de Claudio Poggi en la que no se cumplió ninguna de las promesas realizadas.
Madres, padres y familiares de personas con discapacidad respaldaron la protesta con una carta abierta dirigida al gobernador y a la comunidad. En el texto advierten que los CET y Centros de Día están "al borde del cierre definitivo" por dos razones concretas: la falta de actualización del nomenclador nacional y las demoras en los pagos del programa Incluir Salud. Esa combinación impide a las instituciones afrontar sueldos, aguinaldos de los equipos interdisciplinarios y costos operativos básicos. Hay profesionales que continúan atendiendo sin cobrar. El límite, dicen, ya se alcanzó.
Lo que está en juego no es una negociación entre partes como sugiere el gobierno, es la continuidad de tratamientos que no tienen reemplazo en el sistema público provincial. Los CET y Centros de Día atienden a niños y adultos con discapacidades severas mediante equipos interdisciplinarios que el Estado no está en condiciones de replicar. Si cierran, no hay alternativa. No existe un plan de contingencia oficial.
El gobierno de Poggi ya tuvo la oportunidad de actuar. Hubo reunión, hubo promesas y no hubo cumplimiento. Esa secuencia define la posición institucional, el Ejecutivo provincial conoce la crisis, la reconoció en una mesa de diálogo y no ejecutó ninguna solución. El silencio que siguió a ese encuentro es, en sí mismo, una decisión política.
Las familias que llevarán sus reclamos este miércoles a las 11 no piden más reuniones. Piden que el Estado cumpla con obligaciones legales vigentes. La movilización y el cese de actividades son la respuesta a una deuda que no es nueva, a funcionarios que prometieron y no actuaron, y a un sistema al que el gobierno de San Luis viene dejando caer por omisión.