Editorial: POGGI, que me venís a hablar de MÉRITO

No hay mérito posible si no hay piso. No hay mérito si no hay comida.
No hay mérito si no hay techo. No hay mérito si no hay abrigo, ni tiempo, ni tranquilidad para sentarse a estudiar.

Cualquier discurso que hable de “esfuerzo” sin garantizar esas condiciones mínimas no es pedagógico: es ideológico.

La escena es clara y duele, un padre metiendo a su hijo en un contenedor para buscar comida. No como símbolo, sino como práctica cotidiana. Desde ahí, hablar de mérito académico no es una abstracción, es una falta de respeto.

Porque el mérito no se construye en igualdad cuando un chico arranca el día desayunado, con ropa limpia, internet, transporte y apoyo familiar, y otro arranca el día viendo si hay algo para rescatar de la basura. Ambos pueden ir a la misma escuela, pero no viven en la misma realidad. Evaluarlos con la misma vara no es justicia, es negar la desigualdad.

Sin embargo, el gobierno provincial decidió abrazar la meritocracia como criterio rector de sus políticas educativas. Becas para unos pocos, premios al rendimiento aislado, recorte del acompañamiento universal. El mensaje es claro, llegan los que pueden. El resto queda librado a su suerte.

Este modelo no es casual ni aislado. Es parte de un ajuste político y económico alineado con el gobierno nacional de Javier Milei, que reduce al Estado a su mínima expresión y traslada la responsabilidad de sobrevivir (y de progresar) al individuo. Provincia y Nación marchan en tándem: menos inversión social, menos contención, menos políticas de base. Más discurso. Más meritocracia. Más exclusión.

Lo que nadie evalúa (o no quiere evaluar) es el daño estructural que esto produce. ¿Cuántos años lleva recomponer un ejido social roto? ¿Cuántos años hacen falta para que un pibe que hoy pasa hambre pueda siquiera pensar en estudiar una carrera? ¿Cuántas generaciones se pierden cuando el Estado se retira del lugar donde debería estar?

La pobreza no es solo falta de ingresos, es desgaste, es trauma, es interrupción de proyectos de vida. Cada política de ajuste que empuja a una familia a la marginalidad no se corrige con una beca al mérito dentro de diez años. El daño ya está hecho.

Todo esto ocurre, además, bajo una consigna oficial imposible de ignorar, Claudio Poggi decretó al 2026 como “el Año de la Educación”. El contraste es brutal. Mientras se declama centralidad educativa, se recortan políticas de acompañamiento, se reemplaza la inclusión por competencia y se instala la idea de que solo unos pocos “merecen” seguir estudiando.

Porque declarar un año “de la educación” no es colgar un lema: es garantizar condiciones materiales. Es asegurar que todos los chicos puedan llegar a la escuela alimentados, abrigados, con tiempo y con futuro. Sin eso, el título es solo propaganda. La educación no se defiende con decretos, se defiende con igualdad real.

Hablar de mérito sin hablar de igualdad de condiciones es culpar a las víctimas por no llegar. Es construir un relato donde el éxito es virtud personal y el fracaso, responsabilidad individual. Es cómodo para gobernar, pero devastador para la sociedad.

Porque cuando el Estado renuncia a garantizar el piso, el mérito deja de ser una aspiración y se transforma en un privilegio.

Y ningún tejido social se recompone rápido cuando se lo rompe desde arriba.