La denominada “modernización laboral” propuesta por el Gobierno no se limita a ajustes puntuales: redefine el equilibrio entre capital y trabajo, reduce el costo del despido, condiciona el derecho de huelga y reordena el sistema de conflictos laborales. Este esquema permite identificar con precisión quiénes resultan beneficiados y quiénes asumen los costos del nuevo diseño.