El Gobierno reestructura el Ministerio de Salud y redefine el área de discapacidad
El Gobierno nacional anunció una reestructuración significativa del Ministerio de Salud, que incluye cambios importantes en la gestión del área de discapacidad. A través del Decreto 193/2026, publicado en el Boletín Oficial, se establecen nuevas dependencias y se eliminan otras, lo que marca un cambio en la forma en que se abordarán las políticas relacionadas con la discapacidad en el país. La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.
El decreto implica una reorganización del organigrama del Ministerio, donde se redefinen las funciones y responsabilidades de diversas áreas. Ahora, el Ministerio de Salud se encargará del diseño y la ejecución de políticas públicas en materia de discapacidad, lo que incluye el otorgamiento y la revisión de pensiones por invalidez. Esta centralización busca mejorar la eficiencia en la gestión y el acceso a los beneficios que la ley prevé para las personas con discapacidad.
Entre las novedades más relevantes, se crean nuevas direcciones, como la Dirección Nacional de Gestión y Asignación de Apoyos y la Dirección de Evaluación y Certificación de la Discapacidad. Estas áreas estarán enfocadas en optimizar los procesos relacionados con la evaluación de solicitudes y la determinación de beneficios a nivel nacional. También se incorpora el Observatorio de Discapacidad, que se encargará de recopilar y analizar información sobre el acceso a derechos y prestaciones, lo que podría mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector.
Sin embargo, el decreto también implica la eliminación de varias unidades organizativas, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores del sector. Se suprimen áreas clave, como la Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria y diversas coordinaciones de la ex Agencia Nacional de Discapacidad. Esto podría impactar negativamente en la continuidad de algunas políticas y servicios, ya que la reducción de personal y recursos puede dificultar la implementación de las nuevas medidas.
En cuanto a la auditoría interna, el decreto establece nuevas competencias para el seguimiento y control de los planes en el Ministerio, buscando garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos. Esta reestructuración, aunque apunta a mejorar la gestión, plantea interrogantes sobre cómo se llevará a cabo en la práctica y qué repercusiones tendrá para las personas con discapacidad y sus familias en el acceso a derechos y servicios.