Inseguridad fuera de control: el Gobierno nacional interviene la seguridad en San Luis, mientras la ministra Sosa difunde datos muy cuestionados
Aunque la gestión provincial intenta presentar la medida como una “colaboración” y difundió datos cuestionables, los papeles oficiales son contundentes: Nación tomó el control ante el fracaso del modelo local.
Después de dos años de señales ignoradas, delitos crecientes y un sistema de prevención desbordado, San Luis quedó bajo intervención federal en materia de seguridad. El Ministerio de Seguridad de la Nación formalizó la creación del Comando Unificado San Luis, un dispositivo que reúne fuerzas federales y provinciales ante la escalada de violencia en la zona sur de la provincia.
El texto oficial de la resolución (N° 47/2026), lejos de hablar de un simple convenio, expone un diagnóstico alarmante: se señala que “la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos están en riesgo” y que la situación en el sur puntano es “inaplazable”. Lo dice Nación, pero lo siente cualquiera que vive en zonas rurales, transita rutas sin control o ha sido víctima directa de delitos.
A pesar de eso, desde el Ejecutivo provincial intentaron bajarle el tono a la intervención, presentándola como una “firma de acuerdo operativo” o “coordinación conjunta”. Incluso en la Agencia de Noticias, difundieron unos datos que no forman parte del informe oficial que sacó Nación y que han sido muy cuestionados.
Sin embargo, lo cierto es que el Gobierno nacional tomó el mando (por 180 días prorrogables) con jefatura de la Policía Federal, asistencia de Gendarmería y despliegue logístico autónomo. No se trata de un gesto diplomático, sino de una acción directa ante la inacción local.
Durante los últimos dos años, el enfoque fue negacionista: sin estadísticas delictivas públicas, sin mapas del delito actualizados, sin inversión concreta en estrategia territorial, y con desconfianza hacia cualquier intento externo de colaboración. El resultado, una provincia sin control real sobre sus zonas calientes y una policía provincial aislada y sin respaldo político claro.
Hoy, la Nación actúa donde la provincia eligió no hacerlo. Si el oficialismo insiste en seguir disfrazando los hechos como “colaboración institucional”, solo profundizará su exposición pública, la documentación oficial, el contexto y los operativos muestran otra cosa. Y la sociedad ya lo sabe.
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