Lavalle
El proyecto de “Ley de Modernización Laboral” que impulsa el Gobierno para modificar normas sobre vacaciones, indemnizaciones, despidos y otros aspectos laborales incorporó en el Senado un cambio que cambia el alcance original de sus beneficios fiscales. El artículo añadido delega en el Ministerio de Economía la facultad de determinar cuándo entrarán en vigencia varias disposiciones impositivas vinculadas a la reforma, en lugar de establecer plazos automáticos predeterminados.
La modificación afecta medidas claves en el llamado “capítulo fiscal” del proyecto, entre ellas la implementación del Fondo de Asistencia Laboral, el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, la reducción de alícuotas del impuesto a las Ganancias (sociedades) y otras exenciones tributarias. Bajo esta nueva redacción, esas medidas no se activarán por calendario, sino por una decisión posterior del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.
En la versión original del Ejecutivo, enviada al Congreso en diciembre, estos cambios fiscales tenían plazos de aplicación definidos que garantizaban su entrada en vigor en fechas precisas. Con el dictamen del Senado, la entrada en vigencia queda supeditada a criterios discrecionales.
Para el sector privado la novedad genera incertidumbre: empresas y potenciales inversores no tienen certeza de cuándo se harán efectivas reducciones de impuestos o beneficios planteados en la reforma laboral. Esta falta de claridad sobre los tiempos puede influir en decisiones de inversión y contratación en un contexto económico ya marcado por volatilidad.
El cambio responde, según el oficialismo, a la necesidad de ajustar la aplicación de políticas fiscales según la evolución del equilibrio presupuestario y las metas de superávit, un objetivo destacado por el Gobierno dentro de sus reformas estructurales para 2026. Sin embargo, críticos señalan que dar tanta discrecionalidad a un solo ministerio puede debilitar la previsibilidad de la norma aprobada por el Congreso.
