Cientos de niños sin clases, padres indignados y un edificio escolar que se cae a pedazos. La Escuela Normal Mixta Juan Pascual Pringles debió cerrar sus puertas por dos días debido a problemas cloacales y falta de agua, una postal cada vez más frecuente en la capital puntana.
La disposición oficial fija el regreso a las aulas el jueves 3 de abril, pero la pregunta sigue en el aire ¿qué garantía hay de que la situación no se repita? La ciudad se ahoga en un caos sanitario y el intendente Jorge Gastón Hissa sigue desaparecido mientras los vecinos lidian con cloacas rebalsadas y cortes de agua.
Pero el problema no termina en la intendencia. La escuela depende de la UNSL, y aquí es donde entra en escena el rector Víctor Moriñigo, quien, en vez de preocuparse por las condiciones en que estudian los chicos, parece estar más enfocado en su campaña a diputado. Mientras que demuestra que no solo no tiene llegada a Hissa, sino que tampoco da respuestas concretas a la comunidad educativa.
Lo ocurrido en la Escuela Mixta no es un hecho aislado, es el reflejo de una ciudad en decadencia. Falta de agua, cloacas colapsadas y una gestión municipal que prefiere mirar para otro lado mientras la infraestructura pública se desmorona.
Todo indica que Hissa está más interesado en los negocios que en garantizar servicios básicos. Y Moriñigo, al parecer, en su futuro político. Mientras tanto, los chicos quedan afuera de las aulas, y la ciudad sigue hundiéndose en su propio abandono.
Motosierra a la Justicia se denominan las redes que, además de comprar seguidores, pagan publicidad para despotricar contra el Poder Judicial. Otra movida poco creativa de Masci y compañía.
El intendente alegó su propia torpeza y le tiró la responsabilidad al gobierno. Bromatología no controla las viandas que reciben los niños en las escuelas y los padres manifestaron su preocupación ante la desidia.
Hay bronca en dirigentes del interior por la posición amistosa del empresario con el poggismo.
La estrategia: presión política, trolls y meter funcionarios afines. En plena campaña electoral, el gobierno quiere quedarse con el único poder que no controla.
En San Luis crecieron los hechos delictivos, según un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación. Solo en 2024 hubo 3.302 robos.
El Fiscal de Estado, Victor Endeiza, apuntó contra los jueces por exigir que el gobierno retome una obra fundamental para los vecinos de El Volcán y que fue frenada por el propio Poggi de la mano de su pata judicial, María Eugenia Bona.
En la ciudad suben los impuestos, pero baja la calidad de vida. A los cortes de agua, se suman las pésimas condiciones del agua potable que entrega la gestión municipal.
Parece que son muy pocos los que respetan el memorándum confeccionado por el secretario de Ética Pública y Control de Gestión. Crece la interna en el gobierno. La crisis en la salud pública se codea con el Caribe.
Eugenia Gallardo se hará cargo del plan que será usado con fines electorales. La falta de autocrítica del gobernador, la eyección de los radicales y las contradicciones del oficialismo sobre la politización en las escuelas.
El gobierno de Claudio Poggi atraviesa su momento de mayor tensión política, y la razón tiene nombre y apellido: Alberto Rodríguez Saá.
El gobierno aumentó la partida para el PANE. Además, politiza las escuelas mandando funcionarios a “controlar”, generando malestar entre docentes y trabajadores.
A 20 días de las elecciones, volverán a anotar gente como ya hizo el gobernador en otras elecciones. No hubo anuncios salariales, ni de obras de importancia.
